Hacienda retrasa Verifactu a 2027: qué significa realmente para pymes y autónomos

El Gobierno ha decidido aplazar la entrada en vigor de Verifactu, el nuevo sistema obligatorio de verificación de facturas que centralizará la emisión y el control fiscal a través de software certificado. Lo que inicialmente debía entrar en vigor en 2026 se desplaza ahora un año completo, dando un respiro a empresas, despachos y autónomos que todavía están lejos de cumplir con la nueva normativa digital.

Según el calendario actualizado, las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades no tendrán obligación de usar Verifactu hasta enero de 2027, mientras que pymes y autónomos quedarán incorporados en julio de 2027.

La decisión llega en un contexto político complejo, pero su impacto es económico y operativo. Para la mayoría de compañías, la adaptación a un sistema que exige autenticidad, integridad y trazabilidad en cada factura supone revisar procesos internos, invertir en tecnología y ajustar la relación con clientes y proveedores. Y la realidad es que el tejido empresarial no estaba preparado: los últimos estudios apuntan a que solo entre un 8% y un 15% había iniciado o completado la transición tecnológica.

¿Qué es Verifactu y por qué importa tanto?

Verifactu es un estándar obligatorio que definirá cómo deben comportarse los programas de facturación en España. Su objetivo es doble:

  • Garantizar que las facturas emitidas no pueden manipularse, aplicando controles criptográficos que certifiquen cada registro.
  • Dar a Hacienda una trazabilidad completa e inmediata de la actividad económica de profesionales y empresas.

No modifica la fiscalidad existente, pero sí cambia para siempre la forma en que se documentan los ingresos. Y las sanciones por incumplimiento pueden llegar a 50.000 euros, motivo suficiente para no dejar la adaptación para última hora.

 

Por qué se ha retrasado

Desde el ámbito empresarial, especialmente entre autónomos y pymes, se venía reclamando una prórroga. La implementación simultánea de múltiples reformas fiscales y laborales estaba tensando la capacidad operativa de muchas compañías.

El propio Ejecutivo admite que es necesario “facilitar el cumplimiento” y dar tiempo para que las empresas actualicen sus procesos. Organizaciones empresariales y asociaciones de autónomos también habían subrayado que el calendario inicial era irreal para la mayoría del tejido productivo.

 

Qué deben hacer ahora las empresas

El aplazamiento no es una invitación a la pasividad. De hecho, 2026 se convierte en el año clave para:

  • Elegir e implantar software compatible con Verifactu.
  • Revisar flujos de facturación, control interno y conciliaciones.
  • Capacitar al equipo administrativo.
  • Integrar sistemas de tesorería, contabilidad y facturación para evitar duplicidades.
  • Preparar la documentación exigida por la AEAT en el nuevo formato estandarizado.

Desde una perspectiva de gestión, este cambio no solo es una obligación fiscal; también es una oportunidad para profesionalizar los procesos de cobro, reducir la morosidad y mejorar la información financiera en tiempo real.

 

La lectura estratégica

El sistema Verifactu, guste o no, marcará un antes y un después. La digitalización de la facturación no es únicamente un mecanismo de control tributario; es un movimiento hacia un entorno empresarial más transparente, eficiente y conectado.

Las empresas que anticipen la adaptación tendrán una ventaja operativa:
tesorerías más rápidas, menos riesgos en inspecciones y una mejor preparación para auditorías y financiación.

Cómo puede ayudar Vértigo Capital

Acompañamos a pymes, autónomos y despachos en la transición hacia los nuevos requisitos de la AEAT:

  • Diagnóstico de impacto de Verifactu en la operativa actual.
  • Selección y validación de software certificado.
  • Rediseño de procesos internos de facturación y control.
  • Formación práctica para equipos administrativos.
  • Cumplimiento fiscal preventivo para evitar sanciones y bloqueos.

2027 llega antes de lo que parece. La clave no es esperar, sino usar este año adicional para convertir una obligación en una ventaja competitiva.